¿ Solo Bioinsumos en los periurbanos de Rafaela?

En el segundo piso del edificio de Tribunales de la ciudad de Rafaela, Matías Colón, como titular del Juzgado Civil 2, convocó este martes a una audiencia de consulta en el marco de la presentación que hicieran ambientalistas sobre la pretensión de nulidad del art. 4 de la ordenanza 5.331, que regula desde el 2 de diciembre de 2021 la aplicación de fitosanitarios en la ciudad, utilizando productos orgánicos y biológicos entre los 50 y 200 metros desde le límite periurbano. El cuestionamiento surge sobre la anterior normativa en la que se establecía una prohibición de pulverización alguna hasta los 200 metros de distancia desde el limite urbano, interponiendo a la Ley 10.000 para citar la inconstitucionalidad del tema. 

Este elemento normativo provincial establece la defensa de intereses simples o difusos, procurando tutelar la salud pública, conservar la fauna, la flora, el paisaje, el ambiente y preservar el patrimonio.

Con contradicciones en el planteo, ya que se habla de promover la agroecología y se cuestiona a los biológicos y orgánicos, es que se llegó a una audiencia de consulta que se caracterizó por el orden y el cumplimiento de los lineamientos estipulados.

El juez Colón destacó la “participación social en los procesos de toma de decisión” en los temas de incidencia colectiva y alcance general para “elevar la calidad institucional y profundizar el estado de derecho”, para lo cual fueron citadas las partes, para justificar sus posiciones y responder las consultas, lo cual no implicó ni prejuzgamiento, ni apercibimiento, ni sanción.

En concreto y a partir de la presentación del abogado Enrique Marchiaro, se planteó el carácter regresivo del 4° artículo de la Ordenanza votada por el Concejo Municipal. Fue así que el letrado estuvo acompañado en un primer panel de consultas por Sergio Ambroggi, de la asociación Amigos de la Vida; por el abogado Guillermo Dalmazzo, de Adapa (Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental); y Ana María Santucci, presidente de la Asociación Civil Barbiana, que es una escuela ubicada en el periurbano.

Expusieron que plantean la regresividad desde el punto de vista jurídico, mientras que a nivel técnico se requería un estudio detallado. Explicaron que sobre la extensión de la línea agronómica el debate en el Concejo fue “tan rápido, que no hubo instancias de debate sobre ese tema en particular”. De todas formas reconocen que no hay registros sobre “denuncias sobre el tema biológico u orgánico” en la ciudad de Rafaela.

Para Dalmazzo, activista en contra de los fitosanitarios, “que no se puedan aplicar productos no significa que no se pueda producir. Puedo dar fe que se pueda producir”. Esto lo dice porque hizo un curso municipal de huerta y que probó la tarea durante un año en un lote pequeño. “La solución que se pueda llegar a desarrollar es que se comprenda que se puede producir sin la aplicación de productos de síntesis orgánica, biológica o química”, agrega.

Claramente, la naturaleza por si misma no permite la producción a gran escala sin ningún tipo de control. 

Dalmazzo habla de monocultivo en el periurbano de Rafaela, donde la diversidad se da a simple vista, por la composición productiva entre agricultores y ganaderos, tanto de tambos como de carne, con lo cual la necesidad de pasturas y diversos granos es fundamental para el desarrollo de las actividades.

“No es compatible la aplicación de productos desde los 50 metros, es un acto regresivo desde el punto de vista ambiental que corre el eje de la salud humana. Hay que empezar a ver la biodiversidad”, asegura la activista proponiendo el desarrollo de un cordón frutihortícola, que debería abarcar las más de 800 hectáreas que están en foco en este planteo.

Por parte del Ejecutivo de Rafaela estuvo presente el fiscal municipal, Daniel Fruttero, quien habló del veto parcial que se hiciera luego de la sanción, obedeciendo a la “ausencia de fundamentos científicos” para justificar este “cinturón ecológico” que se permitiría entre los 50 y los 200 metros del límite periurbano. 

El funcionario basó su decisión “en principios de derecho ambiental, en el principio precautorio para paliar falta de información suficiente, de no regresion”, a modo de una “decisión transitoria en busca de la información”. El veto propositivo tuvo eje en sacar al Municipio como decisor de la clasificación de productos, hecho que corresponde al Senasa.

A través de la Comisión formada por la ordenanza se relevó la disponibilidad de productos y las condiciones de uso, a partir de aportes del INTA y Senasa, que son los organismos técnicos responsables.

El magistrado tomó conocimiento que se trabaja en un diseño ambiental sobre cortinas forestales y teniendo en cuenta la expansión urbana, a lo que más tarde los productores explicarían que llevan plantados unos 1.500 árboles de especies nativas, incluyendo un trazado modelo de 300 metros en la intersección de la variante Rafaela y la Ruta provincial 70.

La Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela estuvo representada por su apoderado, el abogado Roberto Gianfelici, junto con Juan Zimmermann, Marcos Delfabro y Fernando Belinde, a quienes se les consultó concretamente sobre las capacitaciones sobre el uso de fitosanitarios que tienen, sobre lo que enfatizaron no sólo las buenas prácticas, sino los umbrales de aplicación, e incluso se mencionó que la paulatina modificación en el uso de productos y tecnologías generará una “progresividad para la superación de productos químicos, lo cual implica un desafío para nosotros, para alentar a que la producción haga el recambio gradual”, apuntó Delfabro.

Belinde explicó que como productores “somos auditados y controlados, no hay ninguna denuncia en la ciudad” sobre prácticas irregulares, mientras que se tiene a generar vínculos de manera constante entre el campo y la ciudad, sin interferir en el proceso de crecimiento de la localidad.

En representación del Concejo Municipal se dispusieron a responder preguntas Juan Senn, Germán Bottero, Leonardo Viotti, Brenda Vimo; y Lisandro Mársico, incluyéndose así a los tres ediles que presentaran proyectos de ordenanza en 2021.

Como presidente del Cuerpo, Bottero explicó que el tema tiene más de diez años de antecedentes, por lo tanto el contacto con vecinos para su definición se dio de manera constante y con agendas de trabajo que incluyeron a profesionales y técnicos de diferentes organismos, mientras que en su momento no se presentaron figuras de la Municipalidad, el Senador departamental, ni el Ministro de la Producción.

Viotti, que tuvo el proyecto aprobado y el artículo cuarto fue votado por todos los concejales de aquella composición, indicó que llegó a la incorporación de biológicos y orgánicos por la investigación sobre el tema, siendo esta la primera ordenanza en el país que reglamenta su uso y de acuerdo a que “las asociaciones ambientalistas hablaban muy bien hasta ese momento de los productos”, sobre los que los técnicos explicaron sus beneficios y apuntando que sobre ellos “no aplica el concepto de no regresión al respecto, si lo haría con productos de síntesis química”.

El único indicativo de la concejal Vimo sobre los daños al ambiente que podrían implicar, teniendo en cuenta su iniciativa inicial de tomar mil metros de restricciones para el periurbano que quedó de lado es que si bien no hay evidencias concretas sobre inocuidad, “todo lo que se aplica genera un efecto en el ambiente”, a pesar que los biológicos no tengan prueba alguna sobre daños particulares.

La ordenanza plantea una extensión hasta los 450 metros para las aplicaciones de bioinsumos a partir de 2025 si la comisión a cargo lo considera, con lo cual se busca “un cambio cultural, el mundo va hacia los productos biológicos, para ir restando productos químicos”.

Técnicamente

Como representantes de organismos técnicos estuvieron presentes el Ing. Agr. Jorge Villar, titular de la EEA Rafaela del INTA, su par de Oliveros el Ing. Agr. Luis Carrancio; el Ing. Agr. Leandro Roggero del Senasa y virtualmente estuvo el Ing. Agr. Sebastián Gómez, supervisor técnico del Área de Registros de Productos Fitosanitarios y Fertilizantes Biológicos del organismo.

El INTA trabajó en el análisis de productos registrados, en qué se podrían utilizar, su impacto y qué cambios podrían generar en los sistemas productivos

Gómez indicó que para la aprobación que demanda entre cinco y diez años por producto, incluyendo el tránsito de dos campañas, contando con controles con normativa de relación internacional y más exigente que bloques como la Unión Europea, en todas las instancias que contemplan sanciones en todas las instancias, para tender a “generar un disturbio lo menor posible en el ambiente, haciéndolo responsablemente”, en la conciencia del uso.

El funcionario destacó que las novedades en productos están viniendo de la biología, por lo tanto todas las empresas están desembarcando en los bioinsumos, complementarios a lo químico o migrando a lo biológicos, no sólo en sanidad, sino también para fertilidad.

Roggero enfatizó que la inocuidad y toxicidad tienen vínculo con el uso de los productos y son los estudios los que garantizan una mejor inocuidad, independientemente del origen y manipulación.

Para Carrancio “inocuo no es un adjetivo que sea aplicable a estos productos, porque hay productos que dan diferentes grados de toxicidad”, como sucede en tantos otros ámbitos.

Son claves los períodos de carencia, o el tiempo de reingreso al área tratada, e incluso el nivel de control desde su formulación, preparación y aplicación.

Los biopreparados no tienen controles y son aceptados por prácticas agroecológicas, mientras que los manufacturados por industrias tienen un proceso de control de calidad, de producción, con una formulación siempre igual, recomendación de dosis y cuidados.

Roggero que es inspector de Senasa destacó el tipo de controles que se hacen en Rafaela y también como productor entiende que “organicos y biológicos son lo mejor que tenemos a nivel mundial”, por lo tanto se debe “estimular la producción con estos productos”, para poder cumplir con la necesidad de producir, de generar alimentos, teniendo en cuenta también el impacto económico que tendría la prohibición de la producción en las dimensiones que se la dispone a nivel local.

“Lo importante es controlar y usar los productos de la manera más inocua posible”, sostuvo mientras dio ejemplos de productos naturales como el sodio o los venenos de las serpientes que son naturales, pero si se los ingiere en una cantidad no adecuada pueden afectar directamente a la salud humana.

Se le explicó al juez la importancia de considerar la baja deriva de producto con la que se trabaja y que fue parte de una mejora en el cambio productivo de los últimos años, como debería ser el uso de estos productos rogánicos y biológicos para ampliar su uso a grandes escalas, para no perder áreas productivas.

Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, el presidente de la 1° circunscripción, Oscar Aschier, habló de los recaudos para el uso de productos que se cumplen ya que “hay mucho fundamento cientifico para producir y trabajar ordenadamente, para una buena convivencia de todos los sectores”.

Desde fiscalía

Fue en representación del Ministerio Público Fiscal que Carolina Castellano y Clarisa Neumann que en el marco de la Ley 10.000 es que solicitaron presentarse como parte, teniendo en cuenta también la Ley General del Ambiente y la Constitución.

Si bien manifestaron no tener acciones individuales de daños y perjuicios a nivel local, en la provincia de Santa Fe hubo reclamos de diferente motivación.

La parte actora alude algunos problemas de salud, mientras por parte de la producción o los organismos no hay certeza absoluta para que no se produzcan daños, por lo tanto “en caso de duda hay principios como el precautorio, hay que anticiparse al daño, siempre hay que estar a favor del ecosistema y de la ecología”, tendiendo a que las generaciones futuras reciban al ambiente “en el mismo estado en el que lo disfrutamos”.

La fiscal dijo sospechar que puede haber daño a partir de la Ordenanza y “no considero posible una transacción”, para estar a favor de la naturaleza por tener “incerteza científica” sobre el impacto que se supone.

Finalmente, Mónica Fiorillo, como asesora de menores sostuvo que “no puede haber transacción o mediación cuando está en juego la salud y el medio ambiente” con “posibles menores afectados”. 

La definición del Juez debería darse a mediano plazo, para determinar si la producción agropecuaria en la tercera ciudad de la provincia puede retomarse en tierras de clase 1, o tendrán en algunos años un destino netamente inmobiliario.

FUENTE: Agrofy

Elida Thierry

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